El Dr. Óscar Cabrera Melgar, Presidente de Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN), participó en LESCO 2020, un evento de solidaridad organizado por estudiantes a fin de sumar a la recolección de fondos para apoyar el financiamiento de los estudios superiores de un joven universitario.

El Dr. Cabrera abordó la realidad económica salvadoreña en el contexto de pandemia, y presentó propuestas de política pública para atenuar los impactos de la pandemia y la recesión económica global, tomando en cuenta que El Salvador no cuenta con una política monetaria y cambiaria por ser una economía dolarizada.

El Dr. Cabrera explicó que, de acuerdo a las estimaciones de FUDECEN, en el segundo trimestre de 2020 la economía salvadoreña presenta una caída de -13.7%, mientras el déficit fiscal se amplifica y la deuda alcanza un 93% del PIB para 2020.

El Salvador también enfrenta una caída de las remesas familiares de -4.7%, las exportaciones de bienes caen -26% y al mes de julio las importaciones presentan una caída de -18%.

Las pérdidas de trabajadores cotizantes en el sector privado han sido de 72,800 y las pérdidas de empleo para El Salvador por la COVID-19 pueden alcanzar cifras de entre 240,800 hasta 669,200 (millones).

Se estima que el número de pobres se podría incrementar en 600 mil personas (del 28% al 39%), la clase media se reduciría de 22% a 17% de la población, la clase media vulnerable de 47% a 43%, causando un incremento en la desigualdad de ingresos. (BID, 2020, Pág. 20).

¿Quién pagará la cuenta de la pandemia?

El Dr. Cabrera señaló la necesidad de incrementar la participación de los impuestos directos en la recaudación tributaria total para reducir la regresividad y desigualdad: pasar del 40.2% al 60% entre 2021 y 2030, a través de la implementación de impuestos a la riqueza o patrimonio, predial e impuesto sobre la renta.

También acotó que la crisis económica actual requiere una política fiscal con equidad y solidaridad, que busque iincrementar hasta en un 20% la tasa efectiva que paga el decil superior en escala de ingresos en el impuesto sobre la renta y eliminando los principales gastos tributarios de este decil. Los deciles 9 y 8 también se puede grabar con una tasa media efectiva del 10%, y modificar el impuesto a un régimen de impuesto familiar.

La recaudación fiscal anual por el impuesto al patrimonio podría alcanzar US$300 millones, la recaudación anual del IVA es de US$100 y se recaudan $100 millones en impuesto sobre la renta; por lo que se alcanzaría un total de US $500 millones de recaudación anual, que en un plazo de seis años cubriría el incremento de la deuda por la pandemia. 

FUDECEN propone también desarrollar esfuerzos para reducir la evasión y elusión fiscal mediante el fortalecimiento de la Agencia Tributaria donde se separe a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del Ministerio de Hacienda, así como facultar a la DGII para realizar de manera exclusiva la administración de los impuestos, el cobro de las deudas tributarias, ya sea en su fase voluntaria o ejecutiva, para evitar duplicidad de funciones con otras instituciones públicas (por ejemplo, la Fiscalía General de la República) y el entorpecimiento de los procesos.

Es necesario también incrementar el presupuesto de la Agencia Tributaria y el número de auditores para todos los impuestos internos, señaló el Dr. Cabrera.

Cabrera señaló la importancia de incrementar el gasto público (una vez se hayan implementado las medidas de tributación progresiva) en salud, agua y alcantarillado en aproximadamente US$100 millones, en función de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

También se propone desarrollar un programa de empleador de último recurso a tiempo parcial o temporada equivalente al salario mínimo para reducir las elevadas tasas de subempleo y desempleo.

El Dr. Óscar Cabrera insistió en la necesidad de construir un “Acuerdo Nacional por un pleno empleo y un crecimiento inclusivo en El Salvador” para que el país logre ingresar al top 30 de los países desarrollados en 2050 con una renta per cápita de más de US$ 39,068 a través del desarrollo de instituciones políticas y económicas resilientes, una economía verde y una economía del conocimiento, diversificada y moderna que transforme la estructura productiva a bienes y servicios complejos.

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