La Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN) y la Asociación de Profesionales Por la Transformación de El Salvador (PROES) manifiestan sus inquietudes y propuestas para sobrellevar la crisis social y económica durante la emergencia nacional y en un escenario post COVID-19.

Principales previsiones económicas mundiales

El COVID-19 provocará en el corto plazo, una profunda recesión en la economía global, según los escenarios estimados por OXFORD ECONOMICS, sostiene que la economía con seguridad decrecerá en 2020: durante el primer semestre en -2% y en el segundo semestre en -0.4%. Esta evolución puede extrapolarse en la economía salvadoreña.

Según OXFORD ECONOMICS, en 2020 el PIB de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos de Norte América, decrecerá -0.2% por el impacto del coronavirus, el PIB de la eurozona se contraerá en -2.2% y el de China crecerá solo 1%. Esta desaceleración conducirá a una reducción en el comercio, la inversión extranjera directa, los flujos de turismo, las remesas y las exportaciones agrícolas clave (café, azúcar, plátano) de la región centroamericana.

Esta desaceleración en el crecimiento mundial impactará también la economía salvadoreña. Se espera una ralentización en el crecimiento y una posible recesión en un escenario post-COVID-19.

Principales canales de trasmisión del impacto de la desaceleración mundial en la economía salvadoreña

Los impactos del coronavirus en la economía salvadoreña se reflejarán en el canal comercial, el canal de remesas y el canal financiero. En el canal comercial a nivel mundial se están reduciendo las existencias de bienes a granel, materiales de construcción y productos básicos. Desde el inicio de la crisis en China, se ha roto la cadena de suministros de insumos intermedios que va a tener notables impactos en la economía salvadoreña. Las importaciones de bienes intermedios al mes de febrero de 2020 cayeron -2.09%, siendo las importaciones de bienes intermedios de la manufactura los que explican la caída con una desaceleración de -2.90% que tendrá impactos en la producción industrial.

Se prevé la reducción de la demanda exportable por nuestros principales socios, especialmente Estados Unidos y Centroamérica, aunque en medio de este escenario desalentador se identifica un impacto favorable: la disminución en el precio del crudo en un 30%, a raíz de la guerra de precios.

En el canal de remesas familiares, se prevé una reducción debido a una menor actividad económica en los Estados Unidos. La situación de al menos 2.5 millones de salvadoreños en el exterior es incierta, a causa de su condición migratoria, la ausencia de seguros médicos y el cierre de operaciones de las empresas en que laboran. Se espera que los ingresos por remesas familiares desciendan impactando en aproximadamente el 20% de los hogares salvadoreños.

En el canal financiero es necesario evaluar el costo del crédito, que probablemente se aumentará, dado que se prevé un incremento del riesgo de crédito de impago por los hogares y las empresas.

Suponiendo una desaceleración del crecimiento económico en 2020, que pudiese alcanzar las magnitudes de la recesión de 2009 (-2.1%) en un escenario pesimista, se requiere una política económica y social que atenúe todos estos riesgos.

Impactos esperados en la situación social de la población, demanda y oferta agregada:

Situación Social

• Aumento de los fallecimientos y personas infectadas.
• Deterioro de la salud de la población en general y una posible complicación de casos crónicos por falta de atención regular y por prohibición de visitas a personas hospitalizadas, pues se afecta también emocionalmente a pacientes en camas.
• Impacto negativo en salud de las embarazadas y de la niñez.
• Daños a la salud mental en la población ante el pánico y la incertidumbre.
• Desmejora en la calidad educativa de la población por la suspensión de clases.
• Disminución del rendimiento laboral.
• Incremento de la violencia contra las mujeres, niñas y niños.
• Disminución de ingresos y pérdida de empleos a los sectores más vulnerables.
• Profundización de la pobreza.

Demanda y Oferta Agregada

• Reducción de la demanda de nuestras exportaciones de bienes y servicios.
• Reducción en el precio de los productos derivados del petróleo.
• Reducción de los gastos de consumo privado como consecuencia de menos compras de las personas, sobre todo de las recluidas en los hogares, pérdida de empleo en empresas que bajen las ventas o quiebren, contracción del crédito al consumo y menos remesas familiares, dada la caída o estancamiento de la economía de Estados Unidos.
• Caída del consumo público, pues la contracción económica afecta los ingresos del sector público en general.
• Disminución de la inversión privada: baja en las ventas y las utilidades de las empresas (sobre todo los comercios, servicios y maquilas), cierre de empresas y daño a las empresas exportadoras. También disminuirá la inversión extranjera directa, por los riesgos y la propia contracción económica.
• Una caída en la actividad económica en el corto plazo: en el turismo, restaurantes y hoteles, transporte (destacando la aviación, transporte de pasajeros), Call Center, aeronáutico y servicios financieros, industria de la construcción e industria manufacturera.
• La reducción de ingresos provenientes de las exportaciones de bienes y servicios: menos importaciones de bienes de consumo, materias primas y bienes de capital; se afectan cadenas de aprovisionamiento internacionales y baja la producción nacional.

Prioridades

Las prioridades deben ser la población trabajadora, las familias de menos recursos, la población en situación de calle, las micro y pequeñas empresas, trabajadores independientes, la pequeña producción campesina, las empresas medianas y grandes afectadas por la paralización de la producción de bienes y servicios. Particular apoyo necesitan las personas adultas mayores, las mujeres, las personas desempleadas y algunas segmentos de las capas medias.

Medidas sociales

Inversión en salud

• Reponerle al primer nivel de atención de salud los 33 millones que se le recortaron en el presupuesto 2020, para logar un abordaje integral, tanto individual, como desde la comunidad.
• Recuperar el enfoque del modelo de atención de la Reforma de Salud que ha sido desmantelado, principalmente lo referido al modelo de atención, al funcionamiento de las redes de salud y el acceso geográfico de los servicios.
• Revisar la distribución de la ejecución del proyecto BID para garantizar el fortalecimiento de los 3 niveles de atención, tal como estaban diseñados originalmente. Ya suprimieron todas las infraestructuras de los Ecos Familiares, incluyendo personal que estaba definido y del resto de infraestructura que correspondía al primer nivel de atención.
• Fortalecer la capacidad instalada de los hospitales de la red nacional, empezando por el Hospital Zaldaña, Rosales, de la Mujer y otros, que eventualmente podrían ser utilizados para atender casos graves confirmados.
• Contratar más personal médico, de enfermería y de apoyo a la salud.
• Proveer insumos a la población para enfrentar la pandemia: mascarillas, alcohol gel, guantes, etc.
• Profundizar medidas de sanitización de lugares públicos.
• Proporcionar sus medicamentos repetitivos a domicilio a la población con enfermedades crónicas.

Medio ambiente, agua y saneamiento

• Compra de suministro de agua, utensilios de precaución y desinfección, para la población más vulnerable. Las acciones deben estar acompañadas de la creación de comités de emergencia local, con planes de trabajo que incluyan costos, bitácoras, control, recolección de datos demográficos en crisis, población por sector (la tiene ANDA) y líderes.
• Estimular la recogida de agua lluvia (cosecha de agua) por varios elementos; tinacos conectados al techo, pilas caseras.
• Debido a la escasez de abastecimiento de agua, fomentar la reutilización de aguas grises para los servicios sanitarios en lugar del agua potable.
• Hacer estudios para fomentar la recarga artificial de acuíferos.
• Generar empleo temporal para elaboración de viveros que permita contar con árboles suficientes para una campaña masiva de reforestación una vez el invierno se haya declarado. Esto lo puede manejar el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Apoyo a personas despedidas

• Otorgarles a las personas que pierdan su empleo a causa de la emergencia una ayuda económica equivalente a la mitad de su salario durante tres meses. Esa medida podría prorrogarse si la situación no mejora.
• Otorgar un subsidio equivalente a tres salarios mínimos de comercio y servicios a los trabajadores y trabajadoras del sector público despedidas por el Gobierno y que tienen en trámite su demanda de reinstalo ante la Sala de lo Constitucional, los Tribunales, Cámaras y Sala de lo Contencioso Administrativo, los Juzgados de lo Laboral y el Tribunal del Servicio Civil.

Apoyo a personas adultas mayores

• Reabrir el programa Nuestros Mayores Derechos, de apoyo en nutrición, salud, recreación a personas pobres mayores de 60 años.
• Dar una pensión básica de 100 dólares, y por tres meses, a todas las personas mayores de 60 años en condición de pobreza extrema. Esta medida podría rondar los US$15 millones.

Apoyo a las mujeres

• Ampliarles los fondos a Ciudad Mujer para el seguimiento de casos de violencia y mejorar la atención a la salud de las mujeres.
• Garantizarles crédito para capital de trabajo a las micro y pequeñas empresas más afectadas.

Apoyo a algunos sectores medios

• Condonarles el pago de intereses sobre sus deudas durante un período de tres meses. La condonación sería definitiva, o sea, no tendrían que pagar después de la emergencia. La medida no debe afectar su imagen crediticia.

Medidas económicas

Medidas para fortalecer el gasto de los hogares, las MIPYMES y las empresas

• Priorizar las importaciones de alimentos básicos y materias primas, incluso en determinados casos (como el de las medicinas y otros), libres de aranceles, para que lleguen baratos a la población. Procurar que la importación de alimentos sea para complementar la oferta interna, no para desplazarla.
• Prohibir por un año las importaciones de lujo, vehículos y otros bienes no esenciales.
• Garantizar la estabilidad laboral sin afectar los derechos ganados.
• Aumentar hasta 40% las compras gubernamentales a las micro y pequeñas empresas.
• Congelar los precios y tarifas de algunos bienes y servicios básicos. El Gobierno aprobó que a las personas que sean afectadas en sus ingresos no se les cobre durante tres meses las tarifas de agua, energía y telefonía, pero también hay que evitar que esos servicios se le encarezcan al resto de la población. Lo mismo sucede con algunos bienes básicos.
• Subsidiar al sector agropecuario, sobre todo la producción de alimentos para el mercado interno. La agricultura familiar campesina e indígena cobra especial relevancia en el contexto actual.
• Prorrogar para el pago del impuesto sobre la renta por tres meses para los asalariados, rentas diversas y pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia.
• Aplazar la contribución especial del sector turismo por seis meses.
• Subir al 40% el límite de retiro del ahorro de los contribuyentes en el sistema previsional y suspender por seis meses los rendimientos de las AFP.

Medidas para fortalecer la capacidad del gasto e inversión pública

• Desarrollar un comité inter-institucional del manejo de la crisis, conformado por GOES, universidades, fundaciones, sindicatos, gremiales empresariales y sociedad civil.
• Solicitar acceso a línea de crédito de emergencia con Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, por efecto del COVID-19, que tome en cuenta los impactos esperados por la reducción de la demanda de nuestras exportaciones, inversión extranjera directa, remesas, pérdidas de empleos y menor actividad económica.
• Reorientar la ayuda acordada con el Gobierno de China, para que se oriente a la población más vulnerable y fortalecer el gasto en salud.
• Reorientar los ahorros presupuestarios en partidas de viajes, viáticos, transporte del personal de las instituciones para financiar las áreas prioritarias.
• Aprobar un reforzamiento de US$10 millones para ANDA.
• Aprobar un subsidio de US$100 millones a la producción de alimentos básicos enmarcados en el anteproyecto de ley de Agricultura familiar.
• Reorientar el crédito de US$109 millones que el Gobierno quiere gestionar para la tercera fase del plan de seguridad al equipamiento médico.

Proveer a las empresas y MIPYMES la liquidez que necesiten

• Inyectar US$356 millones que corresponden a un 10% del encaje legal (al 10 de marzo de 2020) al sistema bancario pare reducir el costo del crédito y apoyar a las empresas del sector productivo con problemas de liquidez.
• El Comité de Normas del BCR debe garantizar el destino de estos recursos y la SSF debe supervisar el efectivo cumplimiento de la normativa.
• Aumentar al sistema de garantías para facilitar la concesión de préstamos a empresas y MIPYMES.
• Solicitar un préstamo al FMI por US$600 para garantizar la estabilidad del sistema financiero mediante la función de prestamista de última instancia y hacer efectivo el préstamo con el BCIE por US$200.
• Aprobar una moratoria del pago de los préstamos hipotecarios, créditos personales y empresariales por tres meses que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Sin duda alguna, podremos sobreponernos a la desaceleración económica y a la propagación del COVID 19 con unidad y acción de todos los sectores sociales del país.

San Salvador, El Salvador, 24 de marzo de 2020.

Descargue documento completo en pdf